La guerra del atún rojo

En 2017, un total de 387 embarcaciones se repartirán la cuota de atún rojo asignada a España (4.243,57 toneladas), un 20,08% más que en 2016. Pero el reparto entre los barcos autorizados está creando una fuerte polémica, desde hace apenas dos años, provocando cruces de declaraciones entre flotas y regiones, y el atún rojo es mencionado hasta en el Congreso de los Diputados, como arma de negociación en los pactos políticos.

El reparto de las capturas de atún rojo en España quedó fijado en 2008 y se estableció en función de la documentación presentada por las distintas flotas que manifestaron su intención de pescar atún rojo. Para ello, entre otra documentación, se utilizaron, las denominadas notas de primera venta, que acreditaban la actividad pesquera histórica de la especie. Desde ese año, sea cual sea la cuota asignada a España por ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y Europa, se divide de la misma manera entre los barcos y las almadrabas que tienen permiso para pescar atún rojo. Igualmente, el Estado se reserva un porcentaje del 5%, para su reparto, en función de las necesidades puntuales de las flotas.

La distribución de la cuota debía de hacer frente a las restricciones que estableció el ICCAT, en 2016, dentro de su plan de recuperación de la especie, que significó una reducción de la capacidad pesquera en un 40%, lo que obligó a muchas flotas que faenaban sólo atún rojo a desguazar un gran número de barcos. Igualmente, la Secretaria General de Pesca, puso en marcha una serie de medidas para gestionar y controlar todas las actividades relacionadas con esta pesquería, tales como: listas de buques autorizados a la captura de atún rojo, asignación de cuotas individuales por barco, puertos autorizados para el desembarque o el transbordo, creación de regímenes de control, tanto en puerto, de operaciones realizadas por los buques cerqueros en el Mediterráneo y granjas de engorde, así como de las almadrabas; establecimiento de un programa de observadores y creación de una normativa para la pesca deportiva y recreativa.

Tras casi una década, la recuperación del atún rojo se puede decir que es un hecho y la perspectiva de mayores cuotas para los próximos años, que podrían superar las 30.000 toneladas para todo el Mediterráneo, ha desatado las disputas entre las flotas que quieren acceder a esta pesquería y tres de ellas, la canaria, la almeriense y la castellonense,  han puesto en duda el reparto de 2008 por sentirse agraviadas. Especialmente reivindicativa es la postura de la primera de ellas, la canaria, cuyos barcos tienen asignado, para 2017, unas capturas de 188 toneladas, por la asignación extra de cuota del fondo de maniobra y ha conseguido incluir 244 barcos en el censo para realizar pesca dirigida. 

Entre las razones que esgrimen dichas flotas para solicitar más cuota están, en primer lugar, las históricas. Por ejemplo, según las cofradías canarias, en los años 70, sus barcos pescaban casi la mitad del atún rojo que se capturaba en España. También las medioambientales, argumentando que son flotas artesanales, con escaso poder de captura y, por lo tanto, menor impacto sobre la especie y que el reglamento europeo es taxativo, en cuanto a que los repartos deben primar a este tipo de flotas. Y, finalmente, las sociales y económicas, debido a que, para ellos, una gran cantidad de barcos, dan empleo y sustento a centenares de familias y reparten mejor la riqueza que proviene del mar.

Para mostrar, lo que consideran un agravio comparativo, fijan sus ataques, sobre todo, en la flota de cerco y, en menor medida, en las almadrabas. Ambas tienen asignadas actualmente casi la mitad de la cuota y la modificación del reparto pasa, forzosamente, por reducrila.

Granja 3Frente a estas reivindicaciones, la flota de cerco del Mediterráneo las considera descabelladas y carentes de fundamento. Según ellos, en 2007, cuando la flota se enfrentaba a restricciones y se negociaba el reparto, pero también la reestructuración de la flota, las cofradías canarias no aportaron ningún documento que acreditara la pesca y venta de atún rojo y aun así consiguieron cuota, pero sin tener que reducir su número de barcos. 

Por eso, para ellos, cualquier modificación serían un ataque al principio de seguridad jurídica y dejaría indefensas a flotas, como la catalana, que demostraron pescar históricamente la especie de manera exclusiva y asumieron un fuerte recorte en sus capturas. Estos pescadores recuerdan que, en 2008, presentaron documentación que demostraba la pesca del 40% de las capturas históricas de esta especie en España, pero sólo obtuvieron un 28.6% del total, algo que asumieron para facilitar la sostenibilidad.

Sobre su impacto medioambiental, y la dicotomía artesanal e industrial, argumentan que llevan siglos pescando atún rojo, y lo único que han hecho en este tiempo ha sido evolucionar hacia formas más efectivas y sostenibles, desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Finalmente, y sobre los impactos económicos y sociales, recuerdan que esta evolución ha permitido crear modelos de negocio sostenibles capaces de crear empleo estable e indefinido.

Habrá que prestar atención a cómo evoluciona este conflicto ya que, según han señalado distintas fuentes gubernamentales, la posible modificación de la cuota tendrá que esperar a los próximos aumentos de cuotas. El horizonte se fija para cuando ICCAT sitúe el TAC en las 30.000 toneladas, una cantidad que supondrían regresar a un volumen de capturas similar al que existía cuando todo cambió y el plan de recuperación restringió las capturas un 40%, allá por 2008.

 

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  • Last modified on Lunes, 06 Marzo 2017 13:19

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