Atún pirata en lata

  • Jueves, 16 Febrero 2017 06:19

Por Julio Morón

Director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC)

 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención a los profesionales que trabajamos en el sector pesquero es el profundo desconocimiento sobre nuestra actividad que existe en la opinión pública de nuestro país. Y llama más aún la atención si tenemos en cuenta que España es actualmente una de las potencias de pesca del mundo y la primera de la Unión Europea, con un 21% de la producción pesquera del Viejo Continente. Además, es uno de los países más innovadores y activos en el desarrollo de proyectos a favor de la sostenibilidad. Y no hablo sólo de sostenibilidad biológica, es decir de las especies que captura, sino también de la sostenibilidad de las personas que trabajan en él, la social, y de la viabilidad de sus empresas, la sostenibilidad económica.Tal es el grado de desarrollo de esta actividad innovadora que, en numerosas ocasiones, las iniciativas puestas en marcha por las distintas flotas de nuestro país, como es el caso de la atunera, sirven posteriormente como referencia para la definición de las normas y las leyes que rigen la actividad pesquera, por parte de los distintos órganos que la regulan, tanto en España, como en Europa e incluso en el resto del mundo.

Por otra parte, el sector pesquero español, que cuenta con uno de los sistemas de control e inspección más estrictos del mundo, genera el 30% del empleo pesquero de la UE, con 35.000 tripulantes que desarrollan su actividad en 9.400 buques. Además, también es capaz de crear empleo fuera de nuestras fronteras. A modo de ejemplo, la industria atunera española ha generado 25.000 puestos de trabajo a través de inversiones en 11 países, muchos de ellos zonas geográficas desfavorecidas; convirtiéndose así en una de las pocas actividades capaces de, a través de políticas colaborativas, crear riqueza y bienestar social.
A todo ello, hay que añadir que, en numerosas ocasiones, son las propias empresas pesqueras las que financian e invierten, unilateralmente, en el desarrollo de estas políticas sostenibles. La flota atunera ha invertido más de cinco millones de euros en la implantación de observadores, incluidos los electrónicos en todos sus buques, la formación de tripulantes o el desarrollo, junto a la comunidad científica, de dispositivos de agregación de peces, denominados FAD, no enmallantes y biodegradables, para asegurar así que no se capturan especies no objeto de su actividad, tales como tortugas, o que estos dispositivos no acaben encallados o a la deriva e impacten negativamente en los ecosistemas.
Fruto de esta intensa actividad, y en el caso de la flota atunera, es la puesta en marcha de un Proyecto de Mejora de Pesquería, conocido en el sector como FIP y desarrollado conjuntamente con la organización conservacionista WWF, o el hecho de convertirse en la primera flota del mundo en certificar con un sello AENOR su actividad pesquera.
En definitiva, hablamos de un sector de actividad económica modélico y con prestigio internacional, y de un actor activo en el desarrollo de políticas de sostenibilidad en torno a algo tan fundamental y vital como son los productos que conforman la alimentación humana.
El objetivo de todas estas iniciativas, en el caso de la flota atunera española, es llevar hasta los lineales de las grandes superficies un producto de calidad y sostenible para ofrecer al consumidor final la opción de una compra responsable, frente a aquellos productos provenientes de la pesca ilegal. Además, cuando hablamos de pesca ilegal, no nos referimos sólo a pescado no declarado o proveniente de recursos escasos, sino a una actividad que ha sido acusado de practicar la esclavitud, en el más riguroso significado de esta palabra, o tripulaciones sometidas a condiciones socio-laborales indignas.
Sin embargo, desgraciadamente hoy en día el consumidor final, cada día más sensible con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos, no tiene información suficiente para discernir entre un producto ilegal y otro estrictamente legal, a la hora de comprar, por ejemplo, una lata de atún. Por ello, ha llegado la hora de trasladar la actividad sostenible de las flotas legales, como la española, desde el mar hasta los puntos de venta. En ello juegan un papel fundamental las administraciones públicas y los organismos que regulan la actividad pesquera, pero también las grandes cadenas de distribución, que han de acometer, sin dilación, una labor, no sólo de información a sus clientes, sino también de apoyo incondicional a los productos de alimentación legales y sostenibles y denuncia de aquellos ilegales.
A pesar de ello, todavía hay grandes cadenas de distribución que, lejos de este objetivo, continúan incentivando el consumo basándose en el factor precio. De hecho, hace sólo unos meses, se comercializaron latas de atún en nuestro país por debajo del precio de producción y como mero reclamo comercial para atraer a clientes a sus centros. Ello, no sólo constituye un desprecio hacia la sostenibilidad de los recursos, sino también hacia la libertad de los consumidores, dos cuestiones igual de preocupantes.

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  • Last modified on Viernes, 24 Febrero 2017 15:08

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